El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó en la Cámara de Diputados del Parlamento italiano un proyecto de ley que restringe la enseñanza de contenidos vinculados a diversidad LGBTI, prohíbe la educación sexual en primaria y condiciona su abordaje en secundaria al consentimiento escrito de los padres, una decisión que ha generado preocupación por su impacto en derechos y convivencia escolar.
La normativa obliga a los centros educativos a informar previamente a las familias sobre cualquier actividad o clase que trate temas de identidad de género, orientación sexual o diversidad LGBTI. En la práctica, docentes y directivos advierten que esta exigencia puede desincentivar por completo la inclusión de estos contenidos, incluso cuando son abordados desde enfoques de respeto, prevención del acoso y promoción de entornos seguros para estudiantes.
Desde el Ejecutivo, la medida es presentada como una defensa de los derechos parentales y una forma de evitar la difusión de lo que el gobierno define como “ideología de género” en el sistema educativo. El discurso oficial sostiene que la escuela debe centrarse en contenidos académicos y que los temas relacionados con sexualidad y diversidad deben quedar bajo control de las familias, reforzando su capacidad de decisión sobre la formación de sus hijos.
Preocupación por el impacto en estudiantes LGBTI
Organizaciones de derechos humanos y colectivos educativos advierten que la ley puede profundizar la invisibilización de estudiantes LGBTI y limitar el acceso a información esencial sobre identidad, salud sexual y convivencia. Señalan que la falta de espacios educativos inclusivos aumenta el riesgo de acoso escolar y discriminación, especialmente en contextos donde la escuela es el principal lugar de apoyo y orientación para jóvenes que no cuentan con respaldo familiar.
Críticos de la iniciativa recuerdan que Italia ya mostraba carencias en educación sexual integral frente a otros países europeos y sostienen que la norma representa un retroceso en políticas de inclusión. Además, alertan que el debate va más allá del ámbito educativo y refleja una disputa más amplia sobre derechos civiles y el rol del Estado en la protección de minorías, en un contexto político marcado por el avance de agendas conservadoras.
Fuentes:
La Tercera